03 de abril: El anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales
Sostenibles propuesto por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid permite construir viviendas y
urbanizaciones en terrenos protegidos por la legislación sectorial o el
planeamiento urbanístico. Esta ley, si es aprobada en su forma actual, tendrá un impacto tremendo en el campo madrileño y en especial sobre el territorio de nuestros dos municipios (El Escorial y San Lorenzo) donde hay muchas zonas protegidas, donde ya existen muchas fincas de recreo y donde existe mucha demanda por parte de la élite madrileña para tener una "casa del campo" de fin de semana. Ya a finales del 2010 el equipo de gobierno de San Lorenzo presentó una modificación de las normas subsidiarias (número 18) para permitir nuevos usos e instalaciones en suelos no urbanizables de protección y especial protección: “actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de comercialización de productos agropecuarios” y la “rehabilitación y ampliación de edificios para uso residencial y hostelero”. Opinaba en Entorno Escorial que "esta modificación va a ser un gran coladero para la ampliación y construcción de viviendas residenciales y la construcción de complejos turísticos y hoteleros y de otras instalaciones en suelo rústico que podrían dañar seriamente el medio ambiente de San Lorenzo."
Con la nueva ley y la modificación número 18, dentro de unos años el campo escurialense puede verse sembrado por grúas y las dehesas del "cinturón verde" entre los dos Escoriales y Collado Villalba llenas de grandes chalets y hoteles de lujo. Otro efecto negativo sería la división de las fincas de los dos municipios en pequeñas parcelas de cinco o diez hectareas (lo mínimo para construir en zonas sin o con especial protección respectivamente) que acabaría por completo con la ganaderia y convertiría las dehesas en una gran urbanización. Todo esto pasaría a pesar de las multiples figuras
de protección que afectan gran parte de los dos municipios, como Territorio
Histórico de la Gran Cerca y Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Rio Guadarrama.
La ley propuesta por el equipo de Esperanza Aguirre tendrá en nuestra comarca un impacto catastrófico sobre el medio ambiente, el paisaje y la agricultura. ¿Entonces por qué se plantea semejante medida? La única respuesta, como siempre, es que beneficiará a una pequeña clase de terratenientes y especuladores en contra de los intereses generales de la sociedad. Es pertinente mencionar que la familia de Aguirre es propietaria de una de las grandes fincas de El Escorial, La Granjilla. Sin duda, Santiago Aguirre, también dueño de la gran inmobiliaria Aguirre Newman, estará muy contento con la nueva ley que quiere sacar su hermana.
La ley propuesta por el equipo de Esperanza Aguirre tendrá en nuestra comarca un impacto catastrófico sobre el medio ambiente, el paisaje y la agricultura. ¿Entonces por qué se plantea semejante medida? La única respuesta, como siempre, es que beneficiará a una pequeña clase de terratenientes y especuladores en contra de los intereses generales de la sociedad. Es pertinente mencionar que la familia de Aguirre es propietaria de una de las grandes fincas de El Escorial, La Granjilla. Sin duda, Santiago Aguirre, también dueño de la gran inmobiliaria Aguirre Newman, estará muy contento con la nueva ley que quiere sacar su hermana.
Más información: nota de prensa de Ecologistas en Acción sobre la Ley de Viviendas Sostenibles:
EL
ANTEPROYECTO DE LEY DE “VIVIENDAS RURALES SOSTENIBLES” PERMITIRÁ CONSTRUIR
VIVIENDAS Y URBANIZACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS
Por poner un ejemplo, en el
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas de
extensión de las cuales el 65% son de titularidad privada se podrían construir
3.431 viviendas de 1000m2 de planta cada una, pudiendo hacerse una o varias
urbanizaciones dentro del propio Parque Regional con accesos restringidos,
donde difícilmente se podrá controlar la protección real del entorno.
Claramente esta ley está pensada en beneficio de una minoría de propietarios de
terrenos que tienen la “aspiración de poder vivir en el campo y trabajar en
la ciudad”, frente a la necesidad de miles de madrileños de aire y agua
limpios, espacios abiertos y contacto con la naturaleza.
El anteproyecto de ley
además, en un claro ejercicio de demagogia, utiliza la expresión “viviendas
rurales sostenibles” sin definir qué criterios se utilizarán para
establecer cuando una vivienda es sostenible: como se van a abastecer de agua y
energía, donde van a desaguar las aguas negras y las basuras generadas, como
van a ser los caminos o carreteras que le den acceso, o como se va a controlar
que se respeten los espacios protegidos, apelando a la buena intención de los
propietarios, y llamando además “sostenible” a la dispersión por el territorio
de viviendas, multiplicando el espacio dedicado a carreteras y conducciones de
luz, agua y energía y fomentado la dependencia del coche y la gasolina.
Otro argumento se basa en la
fe en el “impacto beneficioso que ha de tener para la economía de la
Comunidad de Madrid” sin aportar ningún dato ni estudio al respecto, y sin
tener en cuenta la presión que va a suponer sobre el suelo rústico integrarlo
al desarrollo de viviendas, pudiendo darse el caso de un aumento de los precios
del suelo, así como los del alquiler rústico de las parcelas explotadas de
manera agrícola, ganadera, forestal o turística, que hará menos rentables estas
actividades.
Nuevamente sin aportar dato
ni estudio alguno, el texto de la ley se justifica en el “convencimiento de
que existe una importante demanda de este tipo de viviendas”, desoyendo el
contexto socio-económico devastado que ha dejado la época del ladrillo: un
elevado nivel de endeudamiento en la adquisición de vivienda y 337.212
viviendas vacías en la Comunidad de Madrid, con las que contrasta la falta de
acceso alarmante a una vivienda digna, y la precarización generalizada de la
vida.
Con estos argumentos tan
manipuladores, este anteproyecto de ley plantea un “todo vale” en suelos
protegido y supone una amenaza para el medio dado que facilita la urbanización
de suelos rurales con protección antes que la ocupación de solares urbanos
vacíos o la rehabilitación de edificios, y convierte el Urbanismo en la
Comunidad de Madrid en una disciplina laxa sin herramienta alguna para proteger
el interés general ni para controlar la dispersión urbana o el consumo irracional
del suelo.
Ecologistas en Acción considera inasumible esta nueva norma tanto desde un
punto ambiental como social. Por ello, en los próximos días se iniciarán
actuaciones tendentes a recoger el apoyo de otros colectivos sociales y
universidades contra la nueva Ley.
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